Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia es la primera ley del Parlament de Catalunya dedicada específicamente a la investigación, el desarrollo y la innovación. Su objetivo es definir y consolidar el modelo propio del sistema científico catalán, dotarlo de herramientas jurídicas y económicas, y situar Cataluña como referente internacional en ciencia dentro de Europa. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de agentes del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña, tanto públicos como privados, incluyendo a los investigadores, tecnólogos y personal técnico que desarrollan su carrera profesional en este ámbito. También incumbe a las empresas, entidades sociales e instituciones internacionales que colaboren con estos agentes, así como, en última instancia, a toda la ciudadanía, que es destinataria de los resultados del conocimiento generado. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que la investigación, el desarrollo y la innovación son prioridades políticas, sociales y económicas permanentes de Cataluña. Fija medidas para combatir la precariedad laboral en el sector científico, promover la movilidad entre grupos de investigación y con empresas, eliminar discriminaciones por razón de género y favorecer la formación continua a lo largo de la carrera profesional. Además, impulsa la ciencia abierta —más cooperativa, transparente y accesible para la ciudadanía— y vincula la actividad científica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
💬 Contexto ciudadano
Cataluña carecía de una ley específica dedicada a ciencia, desarrollo e innovación, regulándose mediante marcos dispersos y subordinados a la normativa estatal. Esta ley autonómica representa un cambio significativo respecto al enfoque centralista de la Ley de la Ciencia de 2011 (estado), permitiendo a Cataluña diseñar políticas científicas propias alineadas con directivas UE como Horizonte Europa. Mientras algunas comunidades autónomas poseen leyes sectoriales sobre investigación, Cataluña es pionera en una norma integral que vincula ciencia con objetivos sostenibles. El Parlament de Catalunya aprobó esta norma con consenso mayoritario, aunque su implementación compete parcialmente a financiación estatal. La diferencia radica en que los ciudadanos catalanes acceden ahora a garantías explícitas contra precariedad investigadora, ciencia abierta y transferencia de conocimiento, beneficios hasta entonces fragmentados y dependientes de decisiones administrativas de rango inferior.