Orden MinisterialNacionalvigente

Orden INT/62/2023, de 25 de enero, por la que se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.

BOE-A-2023-2158Publicada: 27/01/2023MINISTERIO DEL INTERIOR

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una orden del Ministerio del Interior que actualiza las compensaciones económicas que recibe el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) cuando participa en misiones en el extranjero, como operaciones de paz, ayuda humanitaria, evacuaciones o apoyo policial internacional. **¿A quién afecta?** Afecta exclusivamente al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinado en misiones fuera de España. En particular, esta modificación tiene como detonante el despliegue de un equipo policial español en Ucrania para investigar posibles crímenes de guerra derivados de la invasión rusa. **¿Qué cambia o establece?** Incorpora Ucrania a la lista oficial de misiones con derecho a indemnización, con fecha de efecto desde el 1 de diciembre de 2022, y fija los porcentajes concretos de esa compensación: el personal que ya recibe algún pago de organismos internacionales cobra el 80 % de varios complementos salariales, mientras que quien no recibe nada de dichos organismos cobra el 100 %. El gasto se cubre con el presupuesto ya asignado al Ministerio del Interior, sin coste adicional, y la norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

💬 Contexto ciudadano

La Orden INT/1390/2007 previa ya regulaba indemnizaciones para personal de seguridad en misiones extranjeras, pero esta modificación de 2023 incorpora Ucrania tras la invasión rusa de 2022, ampliando la cobertura a investigaciones sobre crímenes de guerra. A diferencia de las comunidades autónomas, que carecen de competencia legislativa sobre cuerpos estatales, esta norma articula el alineamiento español con los compromisos europeos en justicia internacional. Su relevancia para el ciudadano es decisiva: garantiza una protección económica para agentes expuestos a riesgos extremos mediante criterios de equidad que distinguen entre quienes reciben financiación internacional (80% de complementos) y quienes no (100%), influyendo directamente en la motivación para participar voluntariamente en misiones de alto riesgo.

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