Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas mayores.

BOE-A-2023-1780Publicada: 21/01/2023COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una ley de la Región de Murcia que sube el precio oficial que la Administración regional paga a las residencias y centros de día por cada plaza ocupada por una persona mayor, dentro de los acuerdos (conciertos sociales y convenios) que tiene firmados con esos centros. **¿A quién afecta?** Afecta a los centros privados o concertados que prestan servicios de atención residencial o de centro de día para personas mayores en la Región de Murcia, y a la propia Administración autonómica que financia esas plazas. De forma indirecta, también afecta a las personas mayores usuarias de esos servicios, cuya atención se financia a través de dichos acuerdos. **¿Qué cambia o establece?** Establece que, con efecto desde el 1 de enero de 2022, el precio por plaza en esos conciertos y convenios se incrementa un 5,38 %. La medida responde a la necesidad de mejorar la financiación de la atención a personas mayores, agravada por las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

💬 Contexto ciudadano

Antes de 2022, la Región de Murcia mantenía precios de plaza en servicios para mayores sin actualizaciones significativas desde años anteriores, lo que generaba insostenibilidad financiera en centros concertados. Esta medida se alinea con ajustes realizados por otras CCAA en contexto pandémico, aunque con calendario e intensidad variable: mientras Cataluña y Madrid implementaron incrementos escalonados, Murcia opta por un ajuste único del 5,38%. A nivel estatal, la Ley 39/2006 de Dependencia establece el marco, pero deja autonomía autonómica en fijación de precios. Que existan diferencias regionales importa porque condiciona la calidad asistencial y la solvencia económica de centros: regiones con financiación insuficiente generan despoblación de servicios y limitan acceso igualitario de ciudadanos mayores, reproduciendo desigualdades territoriales en derechos sociales.

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