Resolución de 16 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que hace públicas, tal como exige la ley, las comunicaciones recibidas sobre tratados internacionales multilaterales en los que España participa. Cubre el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2022 y el 13 de enero de 2023. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a ciudadanos y entidades interesados en el estado actual de los tratados internacionales suscritos por España. De forma más directa, recoge novedades que conciernen a países como Argentina, Ucrania, Moldavia y Ecuador en relación con acuerdos sobre cooperación institucional, derechos humanos y derechos civiles y políticos. **¿Qué cambia o establece?** Se comunican cuatro hechos concretos: Argentina ratificó el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, con entrada en vigor el 15 de enero de 2023. Ucrania notificó la suspensión temporal de algunas de sus obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos como consecuencia de la prórroga de la ley marcial desde el 23 de agosto de 2022. Moldavia hizo lo propio, suspendiendo parte de ese mismo Convenio durante el estado de emergencia declarado entre el 7 de octubre y el 5 de diciembre de 2022 por la amenaza a su seguridad nacional derivada de la guerra en Ucrania. Ecuador notificó, en aplicación del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, medidas de emergencia adoptadas el 12 de septiembre de 2022 (el texto de esta última comunicación aparece incompleto en la norma facilitada).
💬 Contexto ciudadano
La Ley 25/2014 estableció ya la obligación de publicar los tratados internacionales de España, pero esta resolución representa la implementación periódica de ese mandato de transparencia, un deber que se alinea con directivas europeas sobre acceso a información pública y con la práctica generalizada en CCAA que participan en acuerdos internacionales. La resolución adquiere especial relevancia al comunicar suspensiones de derechos conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos (Ucrania, Moldavia) y medidas de emergencia bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ecuador), obligaciones que todos los signatarios deben notificar transparentemente. Para el ciudadano, esta diferencia importa porque permite conocer cuándo y dónde están limitados derechos fundamentales por crisis de seguridad, estableciendo un mecanismo de rendición de cuentas internacional que protege contra abusos discrecionales, incluso en contextos de emergencia.