Ley 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley del Principado de Asturias que crea la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, un organismo público diseñado para gestionar y desplegar de forma eficaz las políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de la región. Su puesta en marcha responde a la necesidad de contar con un instrumento administrativo con seguridad jurídica capaz de canalizar inversiones en ciencia e innovación hacia la recuperación y diversificación de la economía asturiana. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto del ecosistema productivo y científico de Asturias: empresas (especialmente micropymes y multinacionales con presencia en la región), centros de I+D+i y la Universidad de Oviedo. También concierne a la Administración autonómica, que a través de esta agencia asume un papel activo en la coordinación de todos los agentes del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI). **¿Qué cambia o establece?** La ley establece una nueva estructura de gobernanza de la ciencia en Asturias, con el objetivo de aumentar la inversión en I+D+i —actualmente entre las más bajas de España respecto al PIB regional—, facilitar que el conocimiento científico generado en la región llegue al tejido productivo, y fomentar la cultura innovadora en todos los ámbitos empresariales. Para ello, la agencia actuará como puente entre la ciencia y la empresa, promoviendo la transferencia de conocimiento, la creación de empresas de base tecnológica y la adaptación de la economía asturiana a la transición ecológica y digital.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2022, Asturias carecía de un organismo especializado unificado para gestionar su política de I+D+i, con funciones fragmentadas entre consejerías y entidades dispersas. Comunidades autónomas más desarrolladas como Cataluña, País Vasco o Madrid disponen desde hace años de agencias consolidadas con autonomía presupuestaria y ejecutiva para impulsar ecosistemas de innovación territorial. A nivel estatal, el CDTI existe desde 1994, pero opera con enfoque nacional mientras esta ley permite adaptación autonómica. La UE promueve mediante directivas de competitividad que los territorios generen espacios integrados de ciencia-empresa, modelo que Asturias llegaba tarde a estructurar. Esta diferencia es crítica: con la inversión en I+D regional entre las más bajas españolas (1,3% del PIB frente al 1,9% nacional), la agencia constituye mecanismo de captación de talento y empresas tecnológicas esencial para competir con regiones avanzadas y garantizar empleo cualificado duradero.