Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, reorganiza y actualiza las reglas que rigen el funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), un organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad. Su objetivo es adaptar la estructura del INGESA a los cambios legislativos ocurridos en los últimos años, simplificar su organización interna y reunir en una sola norma las reglas que antes estaban dispersas en varios textos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al propio INGESA como institución y a quienes trabajan en él. De forma indirecta, también afecta a los ciudadanos que residen en Ceuta y Melilla, ya que el INGESA es el organismo encargado de gestionar la sanidad pública en esas dos ciudades. Igualmente incumbe al personal expuesto a radiaciones ionizantes en el Sistema Nacional de Salud, cuyo control dosimétrico gestiona el Centro Nacional de Dosimetría, dependiente del INGESA. **¿Qué cambia o establece?** La norma fija con claridad las competencias del INGESA: gestionar la sanidad en Ceuta y Melilla, administrar sus recursos humanos y materiales, dirigir el Centro Nacional de Dosimetría (que controla la exposición a radiaciones de trabajadores sanitarios), y participar en la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, incluida la reserva estratégica nacional. Además, regula por primera vez de forma expresa la estructura y el funcionamiento del Centro Nacional de Dosimetría, que hasta ahora carecía de una norma propia. No impone nuevas obligaciones ni restricciones a los ciudadanos en general.
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 118/2023, la regulación del INGESA se encontraba fragmentada en múltiples normas que dificultaban su aplicación coherente, mientras que el Centro Nacional de Dosimetría carecía de regulación expresa. A diferencia de las Comunidades Autónomas, que tienen competencias propias en sanidad, Ceuta y Melilla dependen directamente del Estado a través del INGESA, un modelo singular sin equivalente en otras regiones. La normativa española debe alinearse con la Directiva 2013/59/Euratom sobre radiaciones ionizantes, que el RD operacionaliza mediante el Centro Nacional de Dosimetría. Esta consolidación importa para los ciudadanos ceutíes y melillenses porque clarifica responsabilidades administrativas, mejora la protección radiológica de trabajadores sanitarios y reduce incertidumbres legales que paralizaban decisiones de gestión en servicios públicos de salud.