Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global es la nueva norma que regula la política española de cooperación al desarrollo. Sustituye a la anterior Ley 23/1998, vigente durante más de veinte años, y actualiza el marco legal que define cómo España contribuye, junto a otros países, organismos internacionales y la Unión Europea, a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del mundo. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de actores que participan en la cooperación española: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, así como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, las universidades, la empresa privada y la ciudadanía en general. También tiene impacto sobre los países socios receptores de la ayuda, especialmente en África subsahariana, América Latina y Asia, donde persisten situaciones de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. **¿Qué cambia o establece?** La ley reconoce que el mundo ha cambiado desde 1998: la pobreza ya no es solo un problema Norte-Sur, han surgido nuevos actores y formas de cooperación —como la cooperación Sur-Sur y triangular—, y los retos globales como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad o las migraciones exigen respuestas más amplias. Por ello, la norma amplía el concepto de cooperación más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo clásica, incorpora nuevas fuentes de financiación, apuesta por alianzas más inclusivas y exige mayor transparencia y rendición de cuentas, alineándose con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2023 actualiza un marco legal obsoleto tras veinticinco años de vigencia de la anterior norma de 1998, incorporando paradigmas de cooperación que evolucionaron desde entonces: reconoce la cooperación Sur-Sur y triangular, supera la perspectiva bilateral tradicional, e integra respuestas a emergencias climáticas y migratorias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, compartidos por la mayoría de ordenamientos europeos. Mientras España establecía este marco actualizado, otras CCAA mantenían competencias normativas limitadas en cooperación descentralizada, lo que genera cierta fragmentación en la política territorial. Esta reconfiguración importa al ciudadano porque amplía las fuentes de financiación disponibles, democratiza el concepto de solidaridad global más allá de la tradicional Ayuda Oficial al Desarrollo, y exige mayor transparencia en cómo se destinan los fondos públicos, permitiendo una participación más activa de la sociedad civil española en estrategias de desarrollo compartidas.