Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 30/1992, las administraciones públicas en España operaban bajo un marco jurídico fragmentado, con normas estatales, autonómicas y europeas que no siempre se integraban de forma homogénea. La normativa estatal, como la Ley 30/1992, estableció un marco común para todas las administraciones públicas, incluyendo las autonómicas y locales, y se alineó con los principios de la Unión Europea. Esta unificación fue importante para garantizar la igualdad de trato, la transparencia y la eficacia en el procedimiento administrativo, facilitando la coordinación entre niveles de gobierno y cumpliendo con los estándares europeos.