Ley 7/2025, de 16 de diciembre, de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una ley que protege los árboles en las ciudades y algunos árboles especialmente valiosos en Canarias. Establece normas para evitar su tala innecesaria, garantizar su cuidado y obligar a replantaciones cuando sea necesario. **A quién afecta** Principalmente a ayuntamientos y propietarios de terrenos urbanos que tengan árboles. También a empresas que realicen obras, a desarrolladores inmobiliarios y a cualquier persona que quiera cortar un árbol en una zona urbana. Los particulares con árboles en sus fincas privadas también deben cumplir ciertas restricciones. **Qué cambia** Antes los árboles urbanos tenían protección limitada. Ahora necesitarás autorización municipal para talar o podar significativamente cualquier árbol en ciudad. Si lo haces sin permiso, habrá multas. Algunos árboles —los catalogados como "de especial protección"— tienen restricciones aún más estrictas. Cuando se tala un árbol protegido, hay obligación de plantar nuevos árboles como compensación. También se impulsa el mantenimiento preventivo para que los árboles lleguen a mayor edad. **Cuándo entra en vigor** Desde el 16 de diciembre de 2025, aunque probablemente los ayuntamientos tendrán un plazo para
💬 Contexto ciudadano
La protección del arbolado urbano es una materia de competencia municipal en España, lo que ha generado un mapa heterogéneo de protecciones según el municipio. Canarias, con ecosistemas arbóreos únicos como el drago y el laurisilva, y con un clima que hace especialmente vulnerables los árboles urbanos al estrés hídrico, necesitaba una norma autonómica de referencia. A diferencia de ciudades como Barcelona o Madrid, que tienen ordenanzas municipales de protección del arbolado bastante desarrolladas, muchos municipios canarios carecían de protecciones equivalentes. La ley regula la tala, poda y trasplante de árboles urbanos y establece un registro de arbolado de especial protección. Para ciudadanos canarios y promotores urbanísticos, la ley introduce límites a la eliminación de árboles maduros y obliga a replantaciones cuando se autoricen talas excepcionales.