Recurso de inconstitucionalidad n.º 8583-2022, contra la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 19/2022, que reconoció personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. El Tribunal ha decidido aceptar el recurso para su estudio, lo que no significa que lo haya resuelto ni que la ley quede anulada. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Ley 19/2022, impulsada para proteger el Mar Menor otorgándole derechos propios como entidad natural. El recurso fue presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox, y su resultado podría afectar a todos los ciudadanos, instituciones y actividades vinculadas a esa laguna y su entorno en la Región de Murcia. **¿Qué cambia o establece?** Por ahora no cambia nada: la ley sigue en vigor mientras el Tribunal Constitucional estudia el caso. Lo que se establece es que el recurso ha sido admitido oficialmente, lo que abre un proceso judicial en el que el Tribunal deberá decidir si la Ley 19/2022 es o no compatible con la Constitución española.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 19/2022 concedió personalidad jurídica propia al Mar Menor como ecosistema natural, haciéndolo sujeto de derechos e intereses susceptibles de protección ante los tribunales. Esta ley fue pionera en España y en Europa continental, precedida por la Constitución de Ecuador de 2008 (derechos de la Naturaleza), la Ley neozelandesa del río Whanganui de 2017 y la jurisprudencia colombiana sobre el río Atrato. Vox recurrió al TC impugnando que una ley ordinaria pudiera reconocer personalidad jurídica a un ecosistema, afectando el sistema de titularidades públicas y el derecho de propiedad de los ribereños. El TC admitió el recurso sin suspensión cautelar. En el debate doctrinal europeo, la cuestión conecta con la reforma del derecho ambiental hacia modelos ecocéntricos frente al tradicional modelo antropocéntrico de protección, y con la propuesta de reconocimiento de ecocidio como crimen internacional en el Estatuto de Roma que avanza en el Consejo de Europa.