Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2023.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 15/2022, de 23 de diciembre, aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2023. Es la ley que fija cuánto dinero puede gastar y cuánto prevé ingresar el Gobierno Vasco y sus organismos durante ese ejercicio. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, ya que regula el funcionamiento económico de toda la administración autonómica vasca: el Gobierno, el Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Agencia Vasca de Protección de Datos, los organismos autónomos (como Lanbide, Osakidetza u Osalan), los entes públicos y las sociedades públicas del País Vasco. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija el gasto total de la Administración autonómica en 14.250.722.000 euros e iguala los ingresos previstos a esa misma cifra. Además, asigna presupuestos concretos a cada organismo autónomo y ente público —por ejemplo, más de 3.700 millones para Osakidetza o casi 1.093 millones para Lanbide—, y destina 362.907.149 euros a la Universidad del País Vasco. También autoriza compromisos de gasto que se ejecutarán en ejercicios futuros, cuyos importes quedan detallados en los anexos de la propia ley.
💬 Contexto ciudadano
El Presupuesto General del País Vasco 2023 (14.250 millones de euros) es el mayor de la historia de la Comunidad Autónoma y refleja tanto el dinamismo económico del territorio como la amplia autonomía financiera del Concierto Económico. La distribución sectorial muestra las prioridades vascas: Osakidetza con 3.700 millones —sistema sanitario entre los mejor financiados per cápita de España—, Lanbide con 1.093 millones y la UPV/EHU con 362 millones. El gasto sanitario vasco per cápita supera en un 15% la media española. El Concierto Económico, cuya raíz histórica son los Fueros medievales y que fue reconstruido con el Estatuto de 1979, permite al País Vasco recaudar y gestionar la mayoría de sus impuestos, transfiriendo un cupo al Estado. Esta autonomía fiscal explica la mayor capacidad de gasto vasco frente a CCAA del régimen común, en el contexto de un debate abierto sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que afecta a las relaciones entre el modelo foral y el régimen general.