Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023, aprobada por el Parlamento balear y promulgada el 28 de diciembre de 2022. Fija la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico para ese ejercicio, con un límite de gasto no financiero de 5.947.500,05 miles de euros, y establece además normas de gestión económica y financiera aplicables durante ese año. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: su administración, organismos y entidades dependientes. También tiene repercusión sobre el personal al servicio de la administración autonómica, cuyo régimen retributivo queda regulado en esta ley, y en general sobre los ciudadanos en la medida en que determina qué servicios públicos se financian y con qué recursos. **¿Qué cambia o establece?** La ley aprueba los estados de ingresos y gastos para 2023, regula cómo pueden modificarse esos créditos durante el año y crea un fondo de contingencia para cubrir gastos urgentes e imprevistos. Se enmarca en un contexto de retirada de fondos estatales extraordinarios post-COVID, inflación y guerra en Ucrania, y orienta el gasto hacia los objetivos de los Acuerdos de Bellver: refuerzo de servicios públicos, vivienda, movilidad y transición ecológica, con el horizonte del Plan Estratégico Autonómico-Estrategia de Inversiones de las Illes Balears 2030.
💬 Contexto ciudadano
Los presupuestos baleares 2023 (5.947 millones de euros) reflejan la recuperación económica tras el hundimiento del sector turístico en 2020-2021. Los Acuerdos de Bellver, firmados con los principales agentes sociales y económicos, enmarcan el gasto en compromisos de inversión en servicios públicos básicos, mientras el Plan 2030 orienta la inversión hacia la transición ecológica y la diversificación económica. Comparativamente, Baleares tiene una posición fiscal relativamente saneada gracias al dinamismo turístico, aunque con tensiones distributivas por la carestía de la vivienda. El debate político central en la aprobación fue la distribución de la Ecotasa turística entre municipios y el gobierno insular. En el contexto del mecanismo europeo de recuperación, Baleares recibe fondos Next Generation para renovación hotelera y digitalización condicionados a estándares de sostenibilidad del Reglamento Taxonomía de la UE, lo que supone un incentivo normativo adicional para modernizar el modelo turístico insular.