Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 9/2022, de 23 de noviembre, aprobada por el Parlamento de las Illes Balears, regula cómo deben tramitarse las autorizaciones ambientales integradas (AAI) en esta comunidad autónoma. Una autorización ambiental integrada es el permiso que necesitan las instalaciones industriales más contaminantes para poder funcionar, y que fija las condiciones ambientales que deben cumplir: límites de emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, entre otros. Esta ley desarrolla, a nivel autonómico, la normativa básica estatal y europea sobre prevención y control de la contaminación industrial. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las empresas y titulares de instalaciones industriales ubicadas en las Illes Balears que estén obligadas a obtener una autorización ambiental integrada por el tipo y volumen de actividad que realizan (generalmente industrias con mayor potencial contaminante). También afecta a la Administración autonómica, en particular a la Consejería de Medio Ambiente y a la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears (CMAIB), que es el órgano encargado de tramitar y conceder estas autorizaciones. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea un texto normativo propio y específico para esta materia en las Illes Balears, separándola de la regulación general de actividades que hasta entonces se contenía en la Ley 7/2013. Entre sus principales novedades, introduce un procedimiento simplificado para tramitar las modificaciones sustanciales de autorizaciones ya concedidas, en lugar de someterlas al mismo trámite largo y complejo que una autorización nueva. Además, adapta la estructura y funcionamiento de la CMAIB a la normativa vigente, separando claramente el órgano ambiental del órgano que autoriza el proyecto, para evitar posibles conflictos de interés, tal como exige la normativa europea.
💬 Contexto ciudadano
La Autorización Ambiental Integrada fue introducida en España por la Ley 16/2002, transpuesta de la Directiva 96/61/CE IPPC. La Ley 9/2022 balear refuerza la separación orgánica entre la autoridad ambiental evaluadora (CMAIB) y la autoridad autorizadora de actividades, evitando conflictos de interés detectados en la práctica anterior. Comparativamente, Cataluña ya había implementado esta separación mediante su Comissió d'Avaluació Ambiental. La novedad es la incorporación de procedimientos de seguimiento continuo mediante sensores y telemetría para instalaciones de mayor impacto, avanzando hacia el permitting digital propugnado por la Directiva de Emisiones Industriales revisada. En el contexto insular, la ley introduce criterios específicos de protección de recursos hídricos subterráneos frente a la sobreexplotación turística, cerrando una laguna de la normativa ambiental balear ante la creciente presión sobre los acuíferos de las islas durante los picos de afluencia estival.