Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la renta canaria de ciudadanía.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2022 de la Renta Canaria de Ciudadanía es una norma aprobada por el Parlamento de Canarias que crea una prestación económica para personas y familias que no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Su objetivo es garantizar un mínimo de recursos que permita vivir con dignidad y facilitar la incorporación a la sociedad de quienes se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad social. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas residentes en Canarias que carecen de ingresos o los tienen por debajo de ciertos umbrales, con especial atención a quienes forman una unidad de convivencia (familia o personas que comparten vivienda). Existe una modalidad específica para jóvenes en riesgo de exclusión. También afecta a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias, que asumen distintas responsabilidades en la gestión y financiación de la prestación. **¿Qué cambia o establece?** La ley sustituye a la anterior Prestación Canaria de Inserción y crea la Renta Canaria de Ciudadanía como un derecho subjetivo, es decir, exigible por quienes cumplan los requisitos. Fija las condiciones de acceso, los importes, los complementos para vivienda, educación y pensiones no contributivas, y los estímulos para quienes encuentren empleo. Además, regula los derechos y obligaciones de los beneficiarios, establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las normas, y vincula la prestación económica a programas personalizados de inclusión social e inserción laboral.
💬 Contexto ciudadano
La renta canaria de ciudadanía surge en el contexto del debate sobre rentas mínimas garantizadas que, tras el Ingreso Mínimo Vital estatal, ha generado un complejo sistema de interacción entre protección estatal y autonómica. La ley configura la prestación como derecho subjetivo —frente al carácter discrecional de la anterior Prestación Canaria de Inserción—, siguiendo el modelo de la Renta de Garantía de Ingresos vasca (Ley 18/2008), pionera en España. A diferencia del IMV estatal, la renta canaria contempla el arraigo territorial como requisito de acceso (dos años de residencia previa). Las CCAA con mayor cobertura de rentas mínimas (País Vasco, Navarra, Asturias) tienen sistemas más consolidados. La insularidad y el peso del turismo en la economía canaria, con alta precariedad laboral estacional, justifican la configuración como derecho subjetivo para garantizar seguridad económica mínima a la población más vulnerable frente a los ciclos turísticos.