Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 28 de febrero de 2023 que establece las reglas para aplicar penalizaciones a los agricultores y otros beneficiarios que no cumplan los requisitos exigidos para recibir las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el período 2023-2027. Completa el marco legal iniciado con la Ley 30/2022, que ya regulaba el sistema general de gestión de estas ayudas europeas en España. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas que soliciten o reciban ayudas agrícolas financiadas por los fondos europeos FEAGA y Feader en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC. Es decir, principalmente a agricultores, ganaderos y otros beneficiarios de subvenciones agrarias que deben cumplir una serie de requisitos y obligaciones para acceder a esas ayudas. **¿Qué cambia o establece?** Define tres tipos de penalizaciones que se pueden imponer si un beneficiario incumple sus obligaciones: la denegación de la ayuda solicitada, la reducción total o parcial de una ayuda ya reconocida, y la exclusión futura de esa línea de ayudas. Estas penalizaciones se aplican cuando el beneficiario ha dado información falsa a propósito, ha obstaculizado los controles o ha incumplido los requisitos por negligencia. Además, aclara que estas penalizaciones son compatibles con las sanciones administrativas (como multas o prohibiciones de percibir ayudas), salvo en un caso concreto en que ambas consecuencias se solaparían.
💬 Contexto ciudadano
El Reglamento UE 2021/2116 sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC establece un sistema de penalizaciones para garantizar el cumplimiento de las condicionalidades de los agricultores. El RD 147/2023 adapta estas penalizaciones al contexto español de la nueva PAC 2023-2027, sustituyendo el régimen sancionador anterior del RD 1078/2014. Comparado con otros Estados miembros, España opta por un sistema de proporcionalidad graduada que privilegia la corrección sobre la exclusión, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo que había criticado la rigidez del régimen anterior. La importancia radica en que estos mecanismos afectan directamente a los aproximadamente 750.000 beneficiarios españoles de la PAC, garantizando la correcta utilización de los 47.700 millones de euros asignados a España en el período 2023-2027 y la condicionalidad del gasto ante la Comisión Europea.