Real Decreto 194/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto aprobado el 21 de marzo de 2023 que modifica una norma anterior de 2021 sobre una subvención pública concedida directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El cambio concreto que introduce es la ampliación de los plazos: el plazo para ejecutar las actividades financiadas se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, y el plazo para justificar los gastos realizados se amplía hasta el 31 de marzo de 2024. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es la entidad que recibe y gestiona la subvención. De forma indirecta, también afecta a las mujeres víctimas de violencia machista, ya que la subvención financia los servicios de atención y protección dirigidos a ellas, en particular la modernización de la atención telefónica y telemática, y la creación de un Centro Estatal de Coordinación (CEC-ATENPRO) en un edificio situado en Alcorcón. **¿Qué cambia o establece?** La norma amplía los plazos de ejecución y justificación de la subvención para garantizar que las obras y trabajos de puesta en marcha del Centro Estatal de Coordinación puedan completarse correctamente. Hasta esta modificación, los plazos eran más cortos y no permitían terminar adecuadamente las actuaciones previstas, que incluyen obras de rehabilitación, actualización de infraestructuras y dotación de equipamiento en el edificio destinado al Centro. Todo ello se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fija los límites máximos dentro de los cuales se pueden realizar estos ajustes.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta modificación, el Real Decreto 1042/2021 establecía plazos más restrictivos que impedían completar adecuadamente las obras de modernización del Centro Estatal de Coordinación. Este ajuste se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos europeos post-COVID, que prioriza la mejora de servicios públicos clave. Mientras que la atención a víctimas de violencia machista es competencia compartida entre Estado y comunidades autónomas, este instrumento representa una intervención estatal directa de carácter excepcional, alineada con la Directiva 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas. La aprobación de esta ampliación de plazos es responsabilidad exclusivamente estatal, sin requiere consentimiento autonómico. Para el ciudadano, esta prórroga es relevante porque garantiza que los servicios telefónicos y telemáticos de atención a víctimas se implementen efectivamente, mejorando el acceso a protección sin depender de la capacidad de cada autonomía, lo que genera un estándar nacional más igualitario de atención.