Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 193/2023 es una norma del Gobierno de España que establece las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas y personas que ofrecen bienes o servicios al público para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones. Su aprobación responde tanto a un mandato legal previo como a una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que obligó al Gobierno a elaborar esta regulación. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas físicas o jurídicas —empresas, autónomos, entidades— que ofrezcan bienes o servicios disponibles para el público en general. También concierne directamente a las personas con discapacidad y sus familias como titulares de los derechos que la norma protege. Las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y las entidades locales quedan igualmente implicadas, ya que pueden desarrollar condiciones adicionales o más exigentes dentro de sus competencias. **¿Qué cambia o establece?** La norma fija un catálogo de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional en el ámbito de los bienes y servicios al público. Además, incluye medidas de acción positiva para compensar las desventajas que enfrentan las personas con discapacidad, con el objetivo de situarlas en una posición real de igualdad de oportunidades. Estas condiciones tienen carácter de mínimos, lo que significa que otras administraciones pueden ampliarlas pero no reducirlas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2023, la materia se regulaba principalmente mediante la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, aunque con desarrollo insuficiente en aspectos concretos de bienes y servicios. Este Real Decreto implementa a nivel estatal la Directiva Europea 2019/882 y responde también a una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que instaba al Gobierno a legislar. Mientras la UE establecía estándares mínimos a través de su Directiva, comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco ya contaban con normativas propias más rigurosas. El RD 193/2023 fija un catálogo común de obligaciones en todo el territorio nacional que constituye un piso mínimo, permitiendo a las CCAA ampliar exigencias pero no reducirlas. Esta armonización resulta crucial para los ciudadanos con discapacidad, asegurando que sus derechos de acceso no dependan de la región donde residan, evitando la discriminación territorial que existía previamente.