Real Decreto 190/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto aprueba los nuevos Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, una fundación pública estatal creada en 2007 y adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte. Los estatutos anteriores han sido revisados y actualizados para mejorar su redacción, clarificar artículos y adaptar el lenguaje a criterios de igualdad de género. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana y a quienes forman parte de su Patronato: representantes de varios ministerios (Cultura y Deporte, Educación, Asuntos Exteriores, Derechos Sociales y Política Territorial), la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y los patronos electos. De forma indirecta, afecta a la población gitana y a la ciudadanía en general, destinataria de las actividades culturales de la fundación. **¿Qué cambia o establece?** Aprueba formalmente los estatutos actualizados de la fundación, incorporando mejoras de redacción y lenguaje inclusivo aprobadas por el Patronato en diciembre de 2021. No altera los fines de la fundación —promoción de la historia, cultura y lengua gitanas, y fomento de la convivencia y la no discriminación— ni impone nuevas cargas administrativas ni gasto público adicional. Además, modifica de forma puntual una disposición transitoria del Real Decreto 908/2022, relativa a la gestión presupuestaria del Consejo Superior de Deportes y el Instituto de Salud Carlos III.
💬 Contexto ciudadano
Los Estatutos anteriores de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, vigentes desde 2007, presentaban un marco normativo menos actualizado que no incorporaba criterios de igualdad de género ni claridades redaccionales modernas. Esta revisión, aunque formal en apariencia, responde a una tendencia estatal de alineación con directivas europeas sobre no discriminación y lenguaje inclusivo, algo que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha han integrado en sus políticas culturales propias hacia comunidades gitanas. La actualización estatutaria refuerza el compromiso institucional español con la promoción de la cultura gitana a nivel nacional, consolidando una estructura participativa multiministerial que, a diferencia de aproximaciones fragmentadas en algunas regiones, garantiza coherencia en la protección de derechos culturales. Para el ciudadano gitano y la sociedad general, esta clarificación normativa fortalece la legitimidad y operatividad de una institución clave en la construcción de convivencia y no discriminación, mejorando la transparencia de sus mecanismos de gobernanza.