Ley 9/2022, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 9/2022, de 16 de noviembre, es una norma de la Comunidad de Madrid que modifica la Ley 5/2018 sobre protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Su objetivo es ampliar y mejorar la cobertura que esa ley anterior ofrecía a las víctimas, corrigiendo carencias detectadas tras años de aplicación. **¿A quién afecta?** Afecta a las víctimas del terrorismo vinculadas a la Comunidad de Madrid: tanto las que sufrieron atentados en su territorio como aquellas que, habiendo sido víctimas en otra comunidad autónoma, tuvieron que abandonar su lugar de origen y fijaron su residencia en Madrid. También afecta a la propia Comunidad de Madrid como institución, y a quienes pudieran cometer delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas. **¿Qué cambia o establece?** La ley introduce cuatro cambios principales. Primero, amplía el ámbito de protección para incluir a víctimas residentes en Madrid aunque el atentado ocurriera en otra comunidad. Segundo, habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular —es decir, personarse como acusación— en procesos penales por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Tercero, eleva a rango legal la figura del Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, que hasta entonces solo existía por decreto. Cuarto, elimina una condición que limitaba el silencio administrativo positivo: si la Administración no resuelve una solicitud de ayuda en el plazo de doce meses, esta se entenderá concedida, sin condicionantes adicionales.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 5/2018 constituía el primer marco normativo específico de Madrid para víctimas del terrorismo, aunque basado en estándares estatales de la Ley 29/2011 y mínimos europeos de la Directiva 2012/29/UE. Mientras comunidades como Cataluña y País Vasco disponían de marcos más amplios con acción popular consolidada, Madrid mantenía un modelo más restrictivo limitado a víctimas de atentados en su territorio. La reforma de 2022 aproxima el régimen madrileño a estas CCAA mediante la extensión territorial a víctimas desplazadas y la judicialización de la acción popular, colmando asimetrías que penalizaban a ciudadanos con identical derechos según normativa estatal. Para el ciudadano, esta diferencia implica que no existe protección garantizada uniforme según residencia: quién obtiene ayudas y reconocimiento depende de dónde viva, generando desigualdad material en el ejercicio del derecho a reparación consagrado en instrumentos europeos.