Ley 5/2023, de 24 de febrero, por la que se modifica la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2023, de 24 de febrero, modifica la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Es una norma aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha que actualiza las reglas por las que se rige y coordina el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local en toda la región, a partir de un informe técnico elaborado en el seno de la propia Comisión de Coordinación de Policías Locales. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los municipios de Castilla-La Mancha y a sus Cuerpos de Policía Local: agentes, jefes de cuerpo, funcionarios en situación de segunda actividad y policías jubilados. También afecta a los Ayuntamientos como empleadores y a los aspirantes que quieran acceder a la condición de Policía Local, así como al alumnado de la Escuela de Protección Ciudadana. **¿Qué cambia o establece?** La ley introduce cambios en varios ámbitos: incorpora representantes de las jefaturas policiales a la Comisión de Coordinación; fija un número mínimo de efectivos para poder crear un Cuerpo de Policía Local y reduce a tres los puestos de Vigilante municipal permitidos antes de estar obligado a crearlo; elimina el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo; refuerza las garantías de medios e instalaciones para los agentes y protege a las funcionarias durante la gestación, maternidad y lactancia; flexibiliza las permutas de puestos y las comisiones de servicio; permite a los policías jubilados vestir el uniforme en actos solemnes; corrige la remisión al régimen disciplinario aplicable; y regula el régimen sancionador del alumnado de la Escuela de Protección Ciudadana.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 5/2023 actualiza la normativa regional de 2002, eliminando requisitos como la estatura mínima que impedían el acceso de candidatos cualificados, alineándose con la tendencia estatal de reducción de barreras discriminatorias que otras CCAA han adoptado gradualmente. Esta modernización es competencia autonómica exclusiva, generando disparidades territoriales significativas: mientras Castilla-La Mancha avanza hacia un marco más inclusivo con garantías de protección laboral para mujeres, otras comunidades mantienen criterios más restrictivos. Para el ciudadano, esta diferencia resulta relevante porque amplía la representatividad de los cuerpos policiales locales y mejora potencialmente la calidad del servicio público, aunque crea fragmentación normativa que afecta las oportunidades de empleo según la región de residencia.