Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2023, de 17 de marzo, es una norma nacional sobre pesca sostenible e investigación pesquera. Su objetivo es regular la actividad pesquera española de forma que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, integrando las obligaciones derivadas del derecho internacional y de la Unión Europea, y teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre los recursos marinos y el sector pesquero. **¿A quién afecta?** Afecta al sector pesquero en su conjunto: pescadores, flotas pesqueras, comunidades costeras y todas las actividades y servicios vinculados a la pesca. España cuenta con la flota pesquera más importante de la Unión Europea, presente tanto en caladeros nacionales como en aguas lejanas, por lo que la norma tiene un alcance amplio sobre las zonas litorales donde el empleo y la economía dependen en gran medida de esta actividad. **¿Qué cambia o establece?** La ley incorpora al ordenamiento español las obligaciones internacionales en materia de conservación y gestión responsable de los recursos pesqueros, como las derivadas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los acuerdos de la FAO. Establece un marco que busca mantener los recursos marinos en niveles sostenibles, combatir la pesca ilegal y adaptarse a los impactos del cambio climático, alineándose con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y con la política pesquera común de la Unión Europea.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, España carecía de un marco normativo integrado que armonizara la pesca nacional con obligaciones internacionales (ONU, FAO) y la Política Pesquera Común europea. Aunque la UE regulaba desde 1983 mediante directivas, la ley española las incorporaba de forma fragmentada. Esta norma representa una evolución respecto a marcos anteriores al alinearse con el Pacto Verde Europeo y compromisos climáticos internacionales. La mayoría de comunidades autónomas carecen de legislación pesquera específica de esta envergadura, delegando competencias en el Estado. Su importancia radica en que garantiza estándares ambientales rigurosos en toda la cadena pesquera, protegiendo tanto los recursos marinos como los empleos costeros mediante mecanismos de control adaptables al cambio climático.