Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la ley que aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023, es decir, el documento que fija cuánto dinero público recauda y gasta la Xunta durante ese año y en qué se destina. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía gallega, así como a las familias, empresas y sectores económicos de Galicia, ya que determina las políticas públicas y los recursos disponibles para servicios e inversiones en la comunidad durante 2023. **¿Qué cambia o establece?** El presupuesto se elabora en un contexto económico marcado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, la subida de precios de la energía y la inflación. La Comisión Europea suspendió las reglas fiscales europeas para 2023 activando la llamada «cláusula general de escape», lo que permite a las administraciones aplicar medidas de impulso del gasto. En ese marco, el Gobierno central fijó para las comunidades autónomas un límite de déficit de referencia del 0,3 % del PIB. Con estas condiciones, la ley establece un marco presupuestario orientado a dar estabilidad y certidumbre a la economía gallega, apoyar la recuperación del empleo y la actividad, y mantener los servicios públicos.
💬 Contexto ciudadano
Galicia, como todas las comunidades autónomas, ha tenido potestad presupuestaria desde la transferencia de competencias, aprobando anualmente sus presupuestos dentro del marco estatal. La Ley 6/2022 se inscribe en un contexto singular: mientras las reglas fiscales europeas se suspendieron mediante la cláusula de escape, permitiendo mayor flexibilidad presupuestaria, el Gobierno español limitó el déficit autonómico al 0,3% del PIB, más restrictivo que la media histórica. Esta ley comparte estructura con otros presupuestos autonómicos, pero Galicia aprovechó el margen de la suspensión europea para orientar el gasto hacia estabilidad y empleo. Su importancia radica en que estos márgenes de actuación presupuestaria determinan directamente cuántos recursos destinará a servicios públicos, inversión en infraestructuras y políticas de empleo.