Real Decreto 63/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2026.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Estado destina dinero directo a tres instituciones para que presten servicios gratuitos: abogados para defenderte sin pagar, procuradores (profesionales que gestionan trámites legales) para gestionar tus casos, y psicólogos para ayudarte si has sido víctima de un delito. Es financiación pública para estos servicios en 2026. **A quién afecta** Principalmente a ciudadanos sin recursos que necesiten defensa legal o apoyo psicológico tras sufrir un delito. También impacta en los tres colegios profesionales (abogados, procuradores, psicólogos) que recibirán estos fondos para organizar la asistencia. **Qué cambia** Estas instituciones tienen garantizado presupuesto estatal para ampliar o mantener servicios de asesoramiento legal y psicológico gratuito. Significa más personal disponible y menos lista de espera para víctimas de delitos que no pueden pagar abogado o necesitan atención psicológica. **Cuándo entra en vigor** Durante el ejercicio presupuestario 2026 (enero a diciembre). El decreto se aprueba en febrero de 2026, así que la financiación está disponible desde el inicio del año fiscal.
💬 Contexto ciudadano
La asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos son servicios públicos esenciales del Estado de Derecho, financiados con cargo a los presupuestos generales. Las subvenciones directas a los Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos son el mecanismo por el que el Estado remunera la prestación de estos servicios por profesionales colegiados. España tiene una cobertura de asistencia jurídica gratuita más limitada que la de países como el Reino Unido (Legal Aid) o Alemania (Prozesskostenhilfe), tanto en cuantía por caso como en criterios de elegibilidad. Para personas con recursos económicos insuficientes que necesiten un abogado en un procedimiento penal, civil o laboral, este decreto garantiza la disponibilidad del servicio durante 2026 con la financiación estatal correspondiente.