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Sentencia de 9 de marzo de 2023, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso de casación número 2561/2019 contra la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y recaída en el recurso número 193/2015.

BOE-A-2023-8461Publicada: 04/04/2023TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2023 que resuelve un pleito sobre quién puede gestionar los cursos de sensibilización y reeducación vial (los cursos que hace el Ministerio del Interior para recuperar puntos del carné de conducir). La sentencia revisa una decisión anterior de otro tribunal que había autorizado un concurso para que la Administración buscara empresas que gestionaran estos cursos. **¿A quién afecta?** Afecta a las autoescuelas (negocios que enseñan a conducir) y a los conductores que necesitan hacer estos cursos de recuperación de puntos. También afecta a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio del Interior, que eran quienes querían hacer un concurso público para contratar la gestión de estos cursos. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo anula el concurso público que se había convocado para gestionar esos cursos y anula la regla que permitía hacerlo mediante concesión. También anula la decisión anterior de otro tribunal que había dejado que el concurso siguiera adelante. Con esto, la forma de gestionar estos cursos de recuperación de puntos vuelve a ser diferente a la que se había planteado en ese concurso que quedó anulado. La sentencia no impone gastos de justicia a ninguna de las partes.

💬 Contexto ciudadano

La DGT gestionaba los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir mediante autorización a centros de formación sin concurso público específico. La convocatoria del concurso impugnado buscaba seleccionar entidades gestoras bajo criterios de calidad y competencia. El TS, en casación, anuló el concurso por vicios en el procedimiento, restableciéndose el sistema previo. La sentencia afecta a los más de 800.000 conductores que pierden puntos anualmente, retrasando la modernización de un sistema de reeducación vial cuya eficacia es cuestionada comparativamente con modelos alemán y francés de formación continua obligatoria.

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