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Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.

BOE-A-2026-2553Publicada: 04/02/2026Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** Se crea una agencia oficial del Estado con la misión de analizar si las políticas públicas (leyes, programas, decisiones del gobierno) funcionan de verdad y cumplen sus objetivos. Es como un "supervisor independiente" que examina si el dinero público se gasta bien y si las medidas logran lo que prometen. **A quién afecta** Principalmente a la administración pública y al Gobierno, que deberán someterse a estos análisis. También te afecta indirectamente como ciudadano, porque permite detectar si tus impuestos se invierten correctamente y si las normas que sufres realmente funcionan. **Qué cambia** Se establece una estructura clara para esta agencia: quién la dirige, cómo se financia, qué independencia tiene y cuáles son sus facultades exactas. La novedad es que habrá evaluaciones sistemáticas de políticas públicas antes de aprobarlas o después de implementarlas, lo que debería evitar leyes inútiles o contraproducentes. **Cuándo entra en vigor** Desde el 3 de febrero de 2026, aunque la agencia necesitará tiempo para constituirse completamente y comenzar sus evaluaciones.

💬 Contexto ciudadano

La evaluación de políticas públicas es una práctica consolidada en países como Alemania (Bundesrechnungshof), Francia (Inspection Générale de l'Administration) o el Reino Unido (National Audit Office), pero España carecía de un organismo independiente especializado. La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en 2026 representa un paso hacia la cultura de rendición de cuentas basada en evidencia. El antecedente más próximo era la extinta AEVAL (2007-2017), que fue suprimida por razones presupuestarias. La nueva Agencia tiene estatuto de independencia formal del gobierno, a diferencia de la AEVAL. Para ciudadanos, la relevancia es que las evaluaciones de la agencia deben ser públicas y pueden revelar qué programas de gasto público funcionan y cuáles no, mejorando la calidad del debate sobre las políticas del Estado.

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