Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2023 de la Comunitat Valenciana es una norma autonómica que busca hacer frente de forma integral al despoblamiento de los municipios rurales y de interior. Reconoce que este proceso tiene raíces históricas profundas y que, hasta hoy, alrededor de una cuarta parte de los municipios valencianos siguen perdiendo población de forma continuada. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los habitantes de los municipios en riesgo de despoblamiento, especialmente los de menos de mil habitantes y los situados en comarcas de interior y montaña como Els Ports de Morella, El Rincón de Ademuz, La Serranía o El Valle de Cofrentes-Ayora, entre otras. También implica a todas las administraciones públicas valencianas, que quedan obligadas a coordinar sus políticas bajo esta ley. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea mecanismos concretos para combatir el despoblamiento: una Comisión Interdepartamental que coordina a los distintos departamentos del Govern, un Fondo de Cooperación Municipal específico para estos municipios, y un sistema de zonificación que identifica oficialmente qué municipios están en riesgo. Además, obliga a garantizar el acceso de sus vecinos a servicios esenciales como educación, sanidad, transporte, vivienda, servicios sociales, banca o internet, y establece medidas económicas como ayudas, beneficios fiscales y apoyo al comercio, la agricultura, el turismo sostenible y las energías renovables en estas zonas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2023, la Comunitat Valenciana carecía de una norma integral específica sobre despoblamiento, limitándose a políticas dispersas sin coordinación interdepartamental ni zonificación oficial de municipios en riesgo. Esta ley valenciana se alinea con iniciativas autonómicas similares como la Ley 19/2021 de Castilla y León y las estrategias de Extremadura y Galicia, mientras que a nivel estatal el Gobierno aprobó en 2022 una estrategia nacional sin carácter vinculante para las CCAA. La Unión Europea, mediante las directivas de cohesión territorial 2021-2027, establece marcos de referencia que la ley valenciana materializa institucionalmente. Comunidades como Murcia carecen aún de legislación integral similar. Esta diferencia resulta crucial para los ciudadanos de municipios vulnerables: en Valencia obtienen ahora garantías legales de acceso a servicios esenciales, beneficios fiscales y fondos específicos, mientras que en territorios sin regulación análoga dependen de políticas menos estructuradas y con menor blindaje presupuestario.