Ley 4/2023, de 13 de abril, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 4/2023, de 13 de abril, es una norma de la Comunitat Valenciana que regula el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y fomenta el asociacionismo. Establece las reglas, los mecanismos y los órganos a través de los cuales los ciudadanos pueden implicarse en las decisiones que toman la Generalitat y los ayuntamientos. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la ciudadanía valenciana, incluidas las personas valencianas que residen en el exterior. También obliga a todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana —Generalitat y entidades locales— a garantizar y promover ese derecho de participación. Las asociaciones y entidades ciudadanas son igualmente parte central de esta ley. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea y regula distintas vías de participación: procesos participativos, iniciativas ciudadanas, consultas públicas previas a la aprobación de normas, presupuestos participativos y auditorías ciudadanas para evaluar políticas públicas. Crea el Consejo de Participación Ciudadana y un portal digital de participación de la Generalitat. Obliga a las administraciones a elaborar planes de participación, a formar a la ciudadanía y a adoptar medidas para que colectivos como la infancia, la juventud y las personas con dificultades de acceso puedan participar en igualdad de condiciones. También reconoce y apoya el movimiento asociativo como motor de la participación.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 4/2023 sustituye el anterior marco de 2008, modernizando unos mecanismos de participación que habían permanecido estancados durante 15 años. Frente a la aproximación minimalista de la Ley 39/2015 estatal de procedimiento administrativo, Valencia adopta un modelo más ambicioso alineado con comunidades como Cataluña o Euskadi y con estándares internacionales como la Convención de Aarhus. La novedad es sustancial: mientras muchas CCAA carecen de regulación integral, Valencia institucionaliza presupuestos participativos, auditorías ciudadanas y consultas previas vinculantes, dando herramientas que en otros territorios dependen de decisiones administrativas discrecionales. Para el ciudadano, esta diferencia es crucial: consolida derechos participativos en rango legal, blindándolos frente a cambios administrativos y posicionando Valencia entre los territorios con estándares participativos más avanzados de Europa.