Recurso de inconstitucionalidad n.º 7696-2025, contra el artículo único de la Ley 3/2025, de 25 de julio, de modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, en lo referido al apartado cuatro, en cuanto modifica los arts. 3.c) y 3.d) de la Ley 11/2003 y añade un nuevo art. 3.k) a dicha ley; el apartado cinco, en cuanto añade un nuevo art. 3 ter.k) a la Ley 11/2003; el apartado seis, en cuanto modifica el art. 4.1.h) de l
¿Qué dice esta ley?
**Impugnación de cambios en la gobernanza universitaria canaria** Un grupo de diputados ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional cuestionando varios cambios introducidos en julio de 2025 sobre cómo funcionan los consejos sociales (órganos de participación) en las universidades de Canarias. Básicamente, alegan que estas modificaciones vulneran la Constitución. Los cambios atacados afectan principalmente a quién puede formar parte de estos consejos, cómo se designan los miembros y qué competencias tienen. La demanda se centra en tres puntos específicos de la nueva ley que alteran estas reglas de composición y funcionamiento. El impacto recae directamente en estudiantes, personal docente, representantes empresariales y ciudadanía en general que participa en estos órganos de decisión universitaria. Si el Tribunal les da la razón, habría que revertir las modificaciones. Si rechaza la demanda, los cambios seguirán vigentes tal como entraron en vigor en julio de 2025. Lo que está en juego es si esas nuevas reglas respetan los principios constitucionales sobre representación democrática y participación en instituciones públicas. El tribunal tendrá que analizar si la ley respeta derechos fundamentales o si es inconstitucional en algunos de sus aspectos. **Próximos pasos:** El Tribunal Constitucional decidirá si
💬 Contexto ciudadano
Los Consejos Sociales de las universidades son órganos de participación de la sociedad en el gobierno universitario, con representación de empresas, sindicatos y otros actores externos. La reforma canaria de 2025 modificó su composición y funciones, generando la controversia que ahora llega al Tribunal Constitucional. Los recursos de inconstitucionalidad contra reformas universitarias son relativamente frecuentes en España cuando afectan a la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 CE. A diferencia de los governance councils de las universidades británicas o los Aufsichtsräte de las alemanas, los Consejos Sociales españoles tienen competencias más limitadas. La resolución del TC determinará si los cambios respetan la autonomía universitaria y si los criterios de representación son conformes con los principios constitucionales de igualdad y participación.