Ley 3/2023, de 29 de marzo, de medidas para el impulso de la economía del dato.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley del Principado de Asturias aprobada en marzo de 2023 que adopta dos medidas concretas para fomentar la economía digital y el despliegue de redes de telecomunicaciones en la región, en línea con las directrices europeas de transformación digital. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la empresa pública asturiana GITPA (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias), a los operadores que deseen instalar redes de comunicaciones electrónicas en carreteras autonómicas o municipales, y de forma indirecta a los ciudadanos y territorios —especialmente los más aislados— que puedan beneficiarse de una mejor conectividad. **¿Qué cambia o establece?** Por un lado, amplía el objeto social de GITPA para que, además de gestionar redes de telecomunicaciones, pueda actuar en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el *big data*, el almacenamiento de datos o el internet de las cosas. Por otro lado, modifica la Ley de Carreteras para regular cómo y bajo qué condiciones se pueden instalar redes de comunicaciones electrónicas en las zonas de protección de carreteras, fuera de los tramos urbanos, exigiendo autorización previa de la consejería competente o del ayuntamiento según la titularidad de la vía. Además, introduce un canon específico por el uso del dominio público viario y establece tarifas reducidas para favorecer el despliegue en zonas más aisladas, con el fin de combatir el despoblamiento y mejorar la cohesión territorial.
💬 Contexto ciudadano
Hasta su aprobación, GITPA se limitaba únicamente a gestionar infraestructuras de telecomunicaciones sin competencias en ciberseguridad o análisis de datos, mientras la regulación sobre instalación de redes en carreteras autonómicas carecía de claridad normativa. Esta ley se alinea con la Directiva de Coste Reducido (2014/61/UE) que la UE impulsa desde 2014, aunque a nivel estatal la regulación sigue siendo fragmentaria sin modelo de empresa pública tan integral. Otras comunidades como Cataluña o el País Vasco tienen empresas públicas de telecomunicaciones, pero pocas expandieron tan explícitamente competencias hacia la economía del dato. Para el ciudadano importa porque facilita conectividad en zonas rurales mediante tarifas reducidas, combatiendo el despoblamiento digital en territorios aislados que operadores privados no encuentran rentables.