Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2023, de 30 de marzo, es la norma con la que la Junta de Andalucía regula la economía circular en su territorio. Su propósito es que los recursos naturales —materiales, agua, alimentos, energía— se usen de la forma más eficiente posible, reduciéndose los residuos y manteniéndose los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, en lugar de desecharlos tras un único ciclo de vida. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la ciudadanía andaluza, pero de manera especial a empresas, industrias, entidades locales y a la propia Administración autonómica. También alcanza a productores, distribuidores y consumidores en sectores concretos como la construcción, el textil, la alimentación, los envases y plásticos, los aparatos electrónicos y la gestión del agua. **¿Qué cambia o establece?** La ley crea la Oficina Andaluza de Economía Circular y una Estrategia autonómica para planificar el tránsito hacia este modelo. Obliga a que la contratación pública incorpore criterios ecológicos, promueve que los productos sean más duraderos y reparables, regula la gestión de residuos —incluida la basura marina— y fija objetivos de reducción para plásticos, textiles y desperdicio alimentario. Establece además un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves para quienes incumplan sus previsiones.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, Andalucía carecía de un marco normativo específico para la economía circular, limitándose a aplicar la legislación estatal dispersa en materia de residuos y la Estrategia España Circular 2030, de carácter no vinculante. Mientras que comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o Extremadura ya contaban con leyes propias desde 2020-2021, Andalucía se rezagaba. La ley se alinea con los principios de la Directiva de Residuos de la UE, pero profundiza más que la legislación estatal al establecer obligaciones concretas sobre contratación pública, reparabilidad y reducción de plásticos. Para los ciudadanos, esto significa estándares ambientales más exigentes en su territorio y responsabilidad empresarial más clara, evitando el vacío normativo que existía.