Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Trujillo el 28 de octubre de 2021.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre España y Portugal en Trujillo el 28 de octubre de 2021, que sustituye al tratado bilateral anterior de 1977. Establece el marco jurídico que regirá las relaciones entre ambos países para las próximas décadas, fijando principios, estructuras de diálogo y ámbitos concretos de colaboración. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos de España y Portugal, especialmente a quienes viven en zonas fronterizas, a estudiantes y profesores universitarios, a trabajadores y empresas con actividad en ambos países, y a todas las personas que se benefician de servicios públicos, infraestructuras o acuerdos en materia de seguridad, sanidad, energía o medio ambiente compartidos entre los dos Estados. **¿Qué cambia o establece?** El tratado formaliza una cooperación más intensa y estructurada entre España y Portugal en múltiples áreas: se celebrarán cumbres anuales entre jefes de Gobierno y reuniones periódicas entre ministros de Exteriores y Defensa; se refuerza la cooperación en las zonas fronterizas para reducir barreras, mejorar la movilidad y crear empleo; se promueve la colaboración universitaria, el intercambio de estudiantes y la investigación conjunta; y se establece coordinación en materia de energía, transporte, seguridad, cambio climático, igualdad de género y retos demográficos, todo ello en el marco de los valores democráticos y del Derecho Internacional.
💬 Contexto ciudadano
El Tratado de 2021 moderniza el marco bilateral España-Portugal vigente desde 1977, adaptándolo a la integración europea y nuevos desafíos compartidos. A diferencia del acuerdo anterior, más formal, establece mecanismos de cooperación estructurada (cumbres anuales, reuniones ministeriales) comparables a colaboraciones entre otros países europeos vecinos. Aprobado por ambos gobiernos y ratificado en parlamentos, no genera conflicto con directivas UE ni normativa autonómica, pues opera en nivel internacional. Su relevancia para ciudadanos es significativa en zonas fronterizas, donde reduce barreras administrativas y crea oportunidades de movilidad y empleo transfronterizo. La diferencia respecto a 1977 radica en que anticipa retos globales (energía, clima, seguridad) con instituciones adaptadas, proporcionando mayor certidumbre jurídica a personas y empresas con actividad bilateral.