Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley del País Vasco que regula cómo las administraciones públicas vascas pueden sancionar a quienes incumplan las normas. Sustituye a la anterior ley de 1998 y la actualiza para adaptarla a la nueva legislación básica del Estado, en particular a las leyes estatales de procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público aprobadas en 2015. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona —física o jurídica— que pueda ser objeto de un expediente sancionador por parte de las administraciones públicas vascas (Gobierno Vasco, instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y entidades locales del territorio), en materias sobre las que esas instituciones tengan competencia normativa. También afecta a los propios organismos públicos que ejercen la potestad sancionadora, pues fija las reglas que deben seguir. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija dos grandes bloques de reglas. Por un lado, establece los principios sustantivos que deben guiar cualquier sanción administrativa: cuándo una conducta es punible, cómo se determina la responsabilidad, las causas que la justifican o exculpan, y cómo se gradúa la sanción según las circunstancias de cada caso. Por otro lado, fija el procedimiento que debe seguirse para imponer una sanción, garantizando el derecho de defensa de la persona expedientada. Además, reconoce expresamente la posibilidad de que los ayuntamientos y entidades locales aprueben sus propias ordenanzas sancionadoras, equiparándolas al resto de instituciones.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2023 sustituye el marco de 1998, adaptando la potestad sancionadora vasca a los estándares establecidos en las leyes estatales básicas de 2015 conforme a directivas europeas sobre debido proceso. Mientras que la mayoría de comunidades autónomas carecen de legislación autonómica propia y se remiten a la normativa estatal, el País Vasco, como Cataluña o Galicia, mantiene una ley autonómica que especifica sus propios principios y procedimientos sancionadores. Esta diferencia importa al ciudadano porque dota de mayores garantías procedimentales y aplicación coherente con el ordenamiento vasco, aunque respetando límites básicos estatales; la actualización de 1998 a 2023 moderniza además la protección de derechos en expedientes sancionadores.