Ley 3/2023, de 29 de marzo, de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2023 de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura es la norma que regula cómo la Junta de Extremadura organiza y lleva a cabo su política de ayuda al desarrollo y solidaridad con otros países y pueblos del mundo. Sustituye a la anterior ley autonómica de 2003, actualizando el marco legal tras más de veinte años de experiencia en cooperación internacional. **¿A quién afecta?** Afecta a la administración autonómica extremeña y a todos los actores que participan en la cooperación internacional desde Extremadura: organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG), la Universidad de Extremadura, sindicatos, municipios y entidades locales, así como al personal cooperante y voluntario. También establece derechos y responsabilidades que inciden indirectamente en la ciudadanía extremeña en general, que financia estas políticas con sus impuestos. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija los principios, la planificación y las modalidades de la política de cooperación extremeña, y define la estructura institucional que la gestiona, incluyendo la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Consejo Extremeño de Cooperación y un registro oficial de agentes. Exige transparencia, rendición de cuentas y evaluación de las actuaciones, y regula la financiación pública destinada a estos fines. Además, crea mecanismos de coordinación con el Estado y otras administraciones, y reconoce expresamente el papel de la sociedad civil, el voluntariado y la educación para la ciudadanía global.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 3/2023 actualiza la regulación de 2003, adecuándose a estándares internacionales de transparencia y evaluación. Mientras el Estado mantiene competencia exclusiva en diplomacia, las comunidades autónomas como Extremadura tienen reconocida potestad legislativa en cooperación descentralizada desde 1992, regulada por la Ley 23/1998 estatal. Comunidades como Cataluña, País Vasco y Castilla-León cuentan con marcos similares, aunque Extremadura incorpora ahora mecanismos más robustos de rendición de cuentas alineados con directivas europeas de desarrollo sostenible. Esta actualización importa al ciudadano porque mejora la eficacia del gasto público en cooperación —financiado con impuestos regionales— y establece garantías de que esos fondos se distribuyen según criterios transparentes y evaluables, evitando la discrecionalidad que caracterizaba el régimen anterior.