Orden PCM/354/2023, de 7 de abril, por la que se crea la Comisión Interministerial del acontecimiento de excepcional interés público «Mundo Voluntario 2030/35.º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España».
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Orden PCM/354/2023 crea la Comisión Interministerial del acontecimiento de excepcional interés público «Mundo Voluntario 2030/35.º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España». Se trata de un órgano administrativo colegiado, integrado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya función principal es certificar que los gastos del programa se ajustan a sus objetivos, así como aprobar los planes y actividades concretas del acontecimiento. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las entidades y personas que realicen donaciones o gastos vinculados al programa «Mundo Voluntario 2030», ya que será esta Comisión la que certifique si esos gastos dan derecho a los beneficios fiscales previstos en la ley. También afecta a la Plataforma del Voluntariado de España, que forma parte del órgano y asume los posibles costes económicos del programa con su propio presupuesto, sin coste para el Estado. **¿Qué cambia o establece?** La norma crea formalmente la Comisión y fija su composición: siete miembros, con representantes del Ministerio de Derechos Sociales, del Ministerio de Hacienda —cuyo voto favorable es obligatorio para emitir certificaciones— y de la Plataforma del Voluntariado de España. El programa tiene una duración del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023 y aplica los máximos beneficios fiscales al mecenazgo previstos por la ley. El funcionamiento de la Comisión no supone gasto adicional para el Estado.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, el mecenazgo vinculado a iniciativas sobre voluntariado se regía por el marco general de la Ley 49/2002, sin órganos específicos para certificar gastos en eventos concretos. La creación de esta Comisión Interministerial representa una innovación procedural en la administración estatal, pues aunque otras CCAA han impulsado programas de voluntariado, ninguna había formalizado mediante orden ministerial una comisión tripartita para gestionar beneficios fiscales máximos. Esta estructura garantiza que los donantes disponen de certidumbre jurídica sobre qué gastos califican para desgravaciones, aspecto particularmente relevante dado que la Unión Europea impulsa políticas de promoción del voluntariado. La diferencia radica en que este mecanismo certificador proporciona seguridad tanto a beneficiarios como a contribuyentes, evitando litigios posteriores sobre legitimidad de desgravaciones.