Real Decreto 368/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un Real Decreto que modifica dos normas anteriores sobre la Agencia de Información y Control Alimentarios. El cambio es necesario porque una ley de 2021 (Ley 16/2021) adaptó España a una directiva europea contra prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Ahora hay que actualizar las reglas sobre cómo funciona la Agencia y cómo controla a empresas alimentarias. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Agencia de Información y Control Alimentarios: sus funciones, su estructura interna, sus órganos de dirección y su financiación. De forma indirecta, afecta a compradores y proveedores en la cadena alimentaria, porque esta Agencia es la que vigila que se cumplan las normas contra conductas comerciales desleales. **¿Qué cambia o establece?** Suprime funciones antiguas de la Agencia (controlar denominaciones de origen en varias comunidades autónomas) y añade otras nuevas (ejercer como autoridad nacional para vigilar prácticas desleales, cooperar con Europa en esto). Actualiza referencias a leyes que ya no existen. Modifica el Consejo Asesor de la Agencia para incluir nuevas organizaciones y ministerios actuales. Elimina artículos que el Tribunal Constitucional había anulado. Suprime el sistema de información sobre mercados de aceite de oliva porque otra ley de 2022 ya lo regula.
💬 Contexto ciudadano
La Agencia de Información y Control Alimentarios operaba bajo un marco anterior centrado en el control de denominaciones de origen y mercados específicos de productos como el aceite de oliva, instrumentos típicos de protección sectorial. El Real Decreto 368/2023 reorienta completamente esta función al implementar la Directiva UE 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales, tras su transposición mediante la Ley 16/2021, transformando la Agencia en autoridad nacional para vigilar conductas desleales en la cadena alimentaria. Este cambio supone una armonización europea donde todos los Estados miembros han adoptado este modelo de control basado en prácticas comerciales, frente al anterior enfoque fragmentado por productos. Para el ciudadano es trascendental porque desplaza la protección desde cuestiones etiquetales hacia sus intereses económicos reales: evita que distribuidores poderosos impongan condiciones abusivas a productores pequeños, garantizando competencia leal y precios más justos en los alimentos que consume.