Real DecretoNacionalvigente

Orden ICT/473/2023, de 10 de mayo, por la que se modifica el anejo 4 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, y la Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero.

BOE-A-2023-11189Publicada: 12/05/2023MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que modifica las normas sobre vehículos especiales usados para transportar alimentos perecederos por carretera a temperatura controlada. Estos vehículos deben cumplir especificaciones técnicas y pasar pruebas periódicas para verificar que mantienen la temperatura correctamente. **¿A quién afecta?** Afecta a los dueños y operadores de vehículos especiales refrigerados que transportan productos alimentarios perecederos, en especial a quienes operan únicamente en las Islas Canarias, que reciben una prórroga de plazo. **¿Qué cambia o establece?** Aplaza hasta el 31 de diciembre de 2024 la aplicación obligatoria de nuevas pruebas de transmisión térmica para vehículos de más de 15 años de antigüedad, pero solo en Canarias. Esto se hace porque las pruebas deben realizarse en estaciones técnicas que aún no existen en las islas, y por su condición de territorio aislado. También modifica el régimen transitorio de pruebas para vehículos entre 15 y 21 años en ese territorio, aplazando su entrada en vigor a la misma fecha.

💬 Contexto ciudadano

Antes del 2023, el Real Decreto 237/2000 imponía uniformemente a todos los vehículos refrigerados españoles las mismas pruebas de transmisión térmica, sin excepciones territoriales. Esta orden de 2023 introduce un régimen diferenciado para Canarias al reconocer su condición de territorio aislado con infraestructura técnica insuficiente, prorrogando hasta finales de 2024 la obligatoriedad de estas pruebas para vehículos antiguos. Mientras la norma nacional española es vinculante en toda España, Canarias obtiene esta excepción temporal que otras comunidades no poseen, reflejando el debate europeo sobre adaptabilidad regulatoria en territorios remotos. Para el ciudadano canario, esta diferencia es crítica: permite que empresas locales de transporte de alimentos sigan operando sin paralización de servicios mientras se desarrolla la infraestructura técnica necesaria, manteniendo el suministro de productos perecederos sin afectar precios ni disponibilidad.

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