Ley Foral 15/2023, de 5 de abril, de concesión de suplemento de crédito por importe de 1.317.427 euros en el Departamento de Cohesión Territorial.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que autoriza el uso de 1.317.427 euros adicionales en el presupuesto de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2023, destinados al Departamento de Cohesión Territorial. Este dinero extra se necesita porque los gastos en dos conceptos han superado lo inicialmente presupuestado. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a dos entidades: la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que necesita cubrir un déficit en el servicio de transporte público urbano e interurbano; y el Ayuntamiento de Petilla de Aragón, que tiene pendiente el cobro de dinero que le debe el Gobierno de Navarra por el arrendamiento de una finca llamada "Los Bastanes". **¿Qué cambia o establece?** Se asignan 1.224.927 euros para financiar el transporte público en la comarca de Pamplona (como parte de un plan de bonificación de tarifas) y 92.500 euros para pagar las deudas pendientes a Petilla de Aragón de los años 2021 y 2022. Este dinero procede del canon que se cobra por el uso de la autovía A-12 Pamplona-Logroño.
💬 Contexto ciudadano
Los suplementos de crédito como este constituyen un mecanismo de ajuste presupuestario común en todas las comunidades autónomas españolas, aunque la normativa reguladora varía según cada territorio. Antes de esta ley, Navarra tenía presupuestados insuficientemente los servicios de transporte público en Pamplona y mantenía deudas pendientes desde 2021. Esta práctica se alinea con el marco estatal que permite a las CCAA flexibilizar sus presupuestos ante necesidades sobrevenidas, siempre dentro de límites de estabilidad financiera establecidos por normativa estatal. Mientras todas las autonomías poseen esta facultad, su ejercicio requiere mayoría legislativa y justificación de gastos. Para el ciudadano navarro importa porque asegura la continuidad del transporte público subvencionado y honra compromisos con municipios, evitando interrupciones de servicios esenciales o impagos que afectarían directamente a la movilidad y confianza institucional local.