Decreto-ley 14/2022, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una prestación extraordinaria de 250 euros aprobada por el Gobierno de Canarias. Se otorga de manera puntual y única a las personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción, con el objetivo de ayudarles a hacer frente al aumento de precios de productos básicos ocurrido durante 2022. **¿A quién afecta?** A todas las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción. Según datos de noviembre de 2022, son 11.478 familias beneficiarias, de las cuales 4.504 familias tienen menores a cargo. Se trata de personas con pocos o ningún ingreso económico en situación de vulnerabilidad. **¿Qué cambia o establece?** Establece el pago de 250 euros adicionales para cada beneficiario de la Prestación Canaria de Inserción. El decreto se justifica por la inflación en Canarias (6,9% anual en noviembre de 2022), especialmente en alimentos, que subieron un 15,9%, servicios de alojamiento con un 14,4% de aumento, y vehículos con un 10,5%, siendo la mayor subida de precios de la cesta de la compra en 21 años.
💬 Contexto ciudadano
La Prestación Canaria de Inserción ya existía como programa autonómico de renta mínima, pero este decreto introduce un complemento extraordinario de 250 euros ante la inflación de 2022. Mientras Canarias opta por medidas puntuales directas, otras comunidades como Cataluña implementaron incrementos permanentes en sus prestaciones o ayudas por energía. A nivel estatal, España no aprobó un refuerzo universal para receptores de rentas mínimas, delegando responsabilidad en las CCAA. Las directivas UE establecen pisos de protección social pero no prescriben medidas antiinflacionarias específicas. Esta heterogeneidad territorial genera desigualdad: ciudadanos en Canarias reciben apoyo explícito que no existe en otras regiones, fragmentando derechos sociales. Para beneficiarios vulnerables, la diferencia es sustancial: en contextos de inflación severa, disponer de una ayuda de urgencia marca la capacidad de acceso a bienes básicos, evidenciando cómo las competencias autonómicas pueden generar brechas significativas en protección social.