Ley 5/2023, de 10 de abril, de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Se crea una organización profesional llamada Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas. Es una institución pública que agrupa a los profesionales que tienen títulos oficiales en Pedagogía o Psicopedagogía y quieran estar colegiados. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas que tienen un título universitario oficial de Licenciado en Pedagogía o Licenciado en Psicopedagogía (o sus equivalentes actuales en Grado y Máster) y quieran ejercer estas profesiones en la provincia de Las Palmas. También afecta a los ciudadanos que reciben servicios de estos profesionales, porque el colegio debe proteger sus derechos e intereses. **¿Qué cambia o establece?** Establece que este nuevo colegio tendrá personalidad jurídica propia, funcionará de forma democrática, y su territorio será la provincia de Las Palmas. Sus funciones serán representar y defender a los profesionales colegiados, regular cómo ejercen su actividad, ejercer control ético sobre su trabajo, y velar por los derechos de quienes reciben sus servicios, especialmente respecto al derecho a la educación.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, Las Palmas carecía de un colegio profesional específico para pedagogos, aunque otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía ya contaban con colegios profesionales de educadores o psicopedagogos desde hace décadas. A nivel estatal, no existe una norma uniforme que obligue a crear colegios profesionales para estas titulaciones, lo que genera un panorama fragmentado: mientras algunas CCAA regulan fuertemente la profesión mediante colegios con potestad deontológica, otras apenas lo hacen. Esta disparidad contrasta con la armonización que buscan las directivas europeas sobre regulación de profesiones, aunque pedagogía y psicopedagogía no figuran como profesiones reguladas a nivel UE. Para el ciudadano canario, esta creación implica mayor protección al acceder a estos servicios —garantía de cualificación verificada, código ético vinculante y vías de reclamación— beneficios que residentes en provincias sin colegio no poseen, generando desigualdad territorial en el acceso a protección profesional.