Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 4/2023, de 22 de marzo, es una norma de la Comunidad de Madrid que establece un marco completo de derechos, garantías y protección para todos los niños y adolescentes que viven o se encuentran en su territorio. Recoge desde sus derechos fundamentales hasta los mecanismos institucionales y administrativos pensados para garantizarlos y defenderlos. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a todos los niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid, así como a sus familias. También implica a las administraciones públicas autonómica y local, a los profesionales que trabajan con menores (en ámbitos educativo, sanitario, deportivo y de servicios sociales), y a entidades privadas y organizaciones sociales que desarrollen actividades relacionadas con la infancia y la adolescencia. **¿Qué cambia o establece?** La ley reconoce y concreta un amplio catálogo de derechos para los menores: a la vida e integridad, a una vivienda digna, a la salud física y mental, a la educación, a la participación, al juego, al entorno digital seguro y a la protección frente a cualquier forma de violencia, entre otros. Crea órganos institucionales específicos —como la Comisión de Protección a la Infancia, los Consejos de Derechos y el Observatorio de la Infancia— y regula el sistema de protección ante situaciones de riesgo o desamparo, estableciendo medidas como la guarda administrativa, el acogimiento familiar y planes individuales de protección, con prioridad siempre del entorno familiar sobre el residencial.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia estableció el marco estatal más completo hasta la fecha de derechos y protección para menores. Esta ley de la Comunidad de Madrid desarrolla ese marco con adaptaciones autonómicas: reconoce un amplio catálogo de derechos —a la vivienda digna, al entorno digital seguro, a la salud mental— y crea estructuras institucionales propias como la Comisión de Protección a la Infancia y el Observatorio de la Infancia. Antes de esta ley, la protección a la infancia madrileña dependía de normas parciales y dispersas. Comparado con las leyes de infancia de Cataluña, más pionera, o del País Vasco, la norma madrileña es más reciente pero cubre un espectro más amplio de derechos. La norma tiene impacto sobre 1,1 millones de menores de 18 años en la Comunidad de Madrid y establece mecanismos concretos para la detección y respuesta ante situaciones de riesgo o desamparo.