Decreto-ley 2/2023, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia del servicio público discrecional del transporte de personas viajeras y en otras materias vinculadas a sectores económicos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Decreto-ley 2/2023, de 6 de marzo, es una norma de urgencia aprobada por el Gobierno de las Illes Balears para hacer frente a la falta de transporte disponible que se sufrió durante el verano de 2022, cuando la alta afluencia de turistas desbordó la oferta de taxis, autobuses discrecionales y vehículos de alquiler con conductor. Su objetivo es que esa situación de colapso no se repita en el verano de 2023 y, en algunos aspectos, establecer mejoras de carácter permanente. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los sectores del transporte terrestre de viajeros en las Illes Balears: titulares de licencias de taxi (vehículos de turismo, VT), empresas de autobuses discrecionales (VD) y empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC). También tiene consecuencias para los ayuntamientos, que adquieren un papel en la autorización de los VTC dentro de su término municipal, y, de forma indirecta, para los turistas y residentes que usan estos servicios. **¿Qué cambia o establece?** La norma introduce varias medidas concretas: permite conceder licencias de taxi temporales sin necesitar el plan regulador que la ley general exige; autoriza a los autobuses discrecionales a cobrar por plaza individual —y no solo por el vehículo completo— cuando el trayecto tenga origen o destino en puertos o aeropuertos, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023; obliga a que los vehículos VTC obtengan autorización del municipio donde operan para prestar servicios urbanos, salvo los que ya estuvieran operando antes de la norma bajo el régimen anterior; y distribuye entre las cuatro islas los 43 millones de euros que el Estado asignó a las Illes Balears para financiar el descuento del 100 % en abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo terrestre.
💬 Contexto ciudadano
El colapso del transporte turístico en las Illes Balears durante el verano de 2022 evidenció las deficiencias estructurales del sistema de movilidad en uno de los destinos de turismo masivo más importantes de Europa. Este decreto-ley de urgencia adopta medidas preventivas para el verano de 2023: licencias de taxi temporales, autorización de venta por plaza individual en autobuses discrecionales para puertos y aeropuertos, y obligación de los VTC de obtener autorización municipal para servicios urbanos. También distribuye 43 millones del Estado para la gratuidad del transporte público insular. Antes de esta norma, el marco del transporte balear no contemplaba respuestas de emergencia a picos de demanda. Comparado con otros destinos turísticos insulares europeos con problemas similares, el modelo balear busca equilibrar libre mercado, regulación pública y sostenibilidad de la movilidad en contextos de saturación turística estacional.