Ley 8/2023, de 27 de marzo, de cooperación para la transformación global.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 8/2023, de 27 de marzo, es una norma aprobada por el Parlamento de las Illes Balears que regula la política pública de cooperación internacional de la comunidad autónoma. Actualiza y sustituye el marco anterior, establecido en 2005, para adaptarlo a los nuevos retos globales como la crisis climática, la pandemia y el incremento de las desigualdades en el mundo. **¿A quién afecta?** Afecta a la Administración autonómica de las Illes Balears, a los municipios, a las ONG y a las entidades de la sociedad civil que desarrollan actividades de cooperación internacional. También implica a la ciudadanía balear en general, a quien la ley interpela como parte activa y responsable de la transformación global, así como a los países y territorios empobrecidos con los que se coopera. **¿Qué cambia o establece?** La ley adopta un nuevo enfoque llamado "cooperación para la transformación global", que va más allá de la ayuda económica tradicional. Incorpora una perspectiva feminista e interseccional para combatir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, y cuestiona los modelos de cooperación de raíz colonial. Además, alinea la política balear con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el Acuerdo de París sobre cambio climático, buscando que la ciudadanía de las Islas tome conciencia de su responsabilidad como parte de una ciudadanía global.
💬 Contexto ciudadano
La política de cooperación internacional de las Comunidades Autónomas —la denominada cooperación descentralizada— ha experimentado un crecimiento en España desde los años 1990, con grandes disparidades en dotación presupuestaria. Esta ley balear actualiza su marco de cooperación internacional adoptando el enfoque de transformación global: va más allá de la ayuda asistencial, incorpora perspectiva feminista e interseccional, cuestiona los modelos coloniales de cooperación y alinea la política balear con los ODS y el Acuerdo de París. Antes de esta norma, el marco balear databa de 2005, anterior a la Agenda 2030. Comparado con las leyes de cooperación de Cataluña o el País Vasco, con mayor dotación presupuestaria, Baleares adopta un enfoque más innovador en metodología. La norma refleja un cambio paradigmático en la cooperación subestatal española hacia modelos de transformación sistémica y justicia global.