Recurso de inconstitucionalidad n.º 3133-2023, contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra un apartado concreto (la disposición adicional segunda) de una ley de la Comunidad de Madrid que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. El Tribunal ha admitido este recurso a trámite el 6 de junio de 2023. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Comunidad de Madrid y a cualquier persona, entidad u organismo que pudiera verse concernido por la disposición adicional segunda de esa ley autonómica. Desde la publicación de este anuncio en el BOE, los efectos se extienden también a terceros ajenos al proceso judicial. **¿Qué cambia o establece?** La admisión del recurso provoca la suspensión inmediata de la vigencia y aplicación del precepto impugnado: para las partes del proceso, la suspensión rige desde el 11 de mayo de 2023 (fecha en que se interpuso el recurso); para el resto de ciudadanos y entidades, desde la publicación de este edicto en el BOE. Esto significa que el artículo cuestionado no puede aplicarse mientras el Tribunal Constitucional resuelve si es o no contrario a la Constitución.
💬 Contexto ciudadano
La implementación de la reforma del sistema de apoyos a la discapacidad ha generado tensiones competenciales entre el Estado y las CCAA sobre el alcance de las medidas legislativas autonómicas en esta materia. El recurso impugna la disposición adicional segunda de la Ley 1/2023 de la Comunidad de Madrid sobre la Agencia de Apoyo a Personas Adultas con Discapacidad, provocando su suspensión automática al ser interpuesto por el Gobierno central. La controversia se centra en si la norma autonómica invade competencias estatales en materia de legislación civil o procesal. Antes de este recurso, la reforma de 2021 había generado dudas sobre la correcta distribución competencial en la implementación autonómica. Comparado con conflictos similares en Cataluña o el País Vasco sobre servicios sociales y legislación civil, el caso madrileño ilustra la dificultad de implementar una reforma civil tan transversal respetando el orden constitucional de competencias.