Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 4/2023, de 27 de febrero, es una norma del Parlamento de las Illes Balears que regula las prestaciones sociales de carácter económico de la comunidad autónoma. Recoge en un único texto legal varias ayudas económicas que antes estaban dispersas en distintas normas, como la renta social garantizada, la renta de emancipación para jóvenes tutelados y el complemento autonómico a las pensiones no contributivas. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas y familias residentes en las Illes Balears que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de pobreza y exclusión social. También concierne a jóvenes que hayan estado bajo tutela o guarda del sistema de protección de menores, y a quienes perciban pensiones no contributivas susceptibles de ser complementadas. La ley nace, en parte, como respuesta al aumento de la desigualdad registrado en el archipiélago tras la pandemia de COVID-19, que afectó de forma especialmente intensa a una economía muy dependiente del turismo. **¿Qué cambia o establece?** La ley consolida y mejora la regulación de la renta social garantizada, facilitando su tramitación y ampliando los colectivos que pueden acceder a ella. La renta autonómica pasa a tener carácter subsidiario respecto al ingreso mínimo vital estatal, es decir, solo se percibe en la medida en que la prestación estatal no cubra las necesidades reconocidas. Además, eleva al rango de ley ayudas que hasta entonces solo estaban reguladas por reglamentos, dotándolas de mayor estabilidad jurídica y coordinando el conjunto del sistema autonómico de garantía de ingresos mínimos.
💬 Contexto ciudadano
El sistema de rentas mínimas en España sufrió una histórica fragmentación hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital estatal en 2020, con prestaciones autonómicas muy dispares en cobertura y cuantía. Esta ley balear consolida en un único texto el sistema autonómico de garantía de ingresos: la renta social garantizada como prestación subsidiaria del IMV, la renta de emancipación para jóvenes extutelados y el complemento autonómico a pensiones no contributivas. La norma responde al agravamiento de la desigualdad en un archipiélago con economía altamente dependiente del turismo y especialmente afectado por la pandemia. Comparado con el IMV estatal de cobertura insuficiente o el sistema vasco de Renta de Garantía de Ingresos, el más generoso de España, la ley balear construye un sistema coordinado que evita duplicidades. La norma eleva al rango de ley ayudas antes solo reguladas reglamentariamente, dotándolas de mayor estabilidad jurídica.