Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 1/2023, de 15 de febrero, crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, un nuevo organismo público de la Comunidad de Madrid que sustituye a la antigua Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, creada en 1995. El cambio de nombre y de estructura responde a que la figura de la "tutela" tal como existía antes ha desaparecido del ordenamiento jurídico español, tras la reforma del Código Civil operada por la Ley 8/2021. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas adultas con discapacidad residentes en la Comunidad de Madrid que necesiten apoyo para tomar decisiones o ejercer sus derechos, especialmente cuando un juez determine que no cuentan con nadie en su entorno que pueda asumir ese papel. También afecta a quienes ya estaban bajo la tutela o curatela de la antigua Agencia, más de 3.500 personas en el momento de aprobarse la ley. **¿Qué cambia o establece?** La ley adapta el organismo al nuevo modelo legal, que ya no permite "incapacitar" a una persona ni sustituirla en sus decisiones salvo en casos excepcionales; en su lugar, se deben ofrecer apoyos que respeten la voluntad y las preferencias de cada persona. La nueva Agencia asume esas funciones de apoyo, curatela y defensa judicial conforme a este principio, abandonando el enfoque de sustitución en la toma de decisiones propio del sistema anterior y centrándose en acompañar a la persona para que, en la medida de lo posible, sea ella quien decida sobre su propia vida.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 8/2021 de reforma del Código Civil en materia de discapacidad supuso una revolución en el derecho español, sustituyendo el modelo de incapacitación y sustitución por un modelo de apoyos y salvaguardas que respeta la voluntad de la persona, en línea con la Convención de la ONU de 2006. Esta ley de la Comunidad de Madrid adapta la institución pública encargada de las medidas de apoyo al nuevo marco legal, asumiendo funciones de curatela y defensa judicial sin la capacidad de sustituir a la persona en sus decisiones. Antes de esta reforma, la institución actuaba bajo el obsoleto modelo tutelar que la Convención de la ONU calificaba de contrario a los derechos humanos. Comparado con los organismos equivalentes en Cataluña o el País Vasco, la nueva Agencia madrileña implementa de forma más explícita el enfoque de autonomía personal. La norma afecta directamente a más de 3.500 personas que estaban bajo la tutela o curatela de la institución anterior.