Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, crea el Registro Central de Titularidades Reales y aprueba su reglamento de funcionamiento. Este registro, adscrito al Ministerio de Justicia, es único para todo el territorio nacional y tiene como finalidad centralizar la información sobre quiénes son los verdaderos dueños o beneficiarios finales —de forma directa o indirecta— de empresas, sociedades y otras entidades jurídicas. Su creación responde a obligaciones derivadas de directivas europeas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas jurídicas españolas (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) y a entidades sin personalidad jurídica que tengan su sede, dirección efectiva o actividad principal en España, o que estén gestionadas desde aquí. También afecta a entidades extranjeras no europeas que quieran operar, realizar transacciones u adquirir bienes inmuebles en España. Además, obliga a toda persona física a relacionarse con el Registro exclusivamente por medios electrónicos, tanto para declarar datos como para solicitar información. **¿Qué cambia o establece?** Se crea un registro centralizado que reúne en un solo punto la información sobre titularidad real que antes estaba dispersa en distintas fuentes. Las autoridades competentes y los sujetos obligados (como bancos o notarios) podrán acceder a esta información. Los ciudadanos particulares también podrán consultarla, pero únicamente si acreditan un interés legítimo, en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022 que anuló el acceso público irrestricto. La prensa y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la lucha contra el blanqueo de capitales se reconocen expresamente como titulares de ese interés legítimo.
💬 Contexto ciudadano
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha sido una prioridad regulatoria europea, culminando en la V Directiva antiblaqueo de 2018 que exigió a los estados crear registros de titularidad real. Este real decreto crea el Registro Central de Titularidades Reales, adscrito al Ministerio de Justicia, centralizando la información sobre beneficiarios finales de empresas y entidades jurídicas en un único punto nacional. Antes de este registro, la información estaba dispersa en notarías, registros mercantiles y entidades financieras. Comparado con el UBO-register holandés o el Transparenzregister alemán, el español incorpora la limitación del acceso ciudadano exigida por la sentencia del TJUE de 2022 sobre privacidad, reconociendo no obstante el interés legítimo de la prensa y la sociedad civil. La norma refuerza la transparencia corporativa y la prevención del crimen financiero organizado.