Acuerdo de 6 de julio de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se establece el régimen de días inhábiles en los procesos constitucionales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional que fija qué días se consideran inhábiles (es decir, días en los que no corren los plazos) dentro de los procesos que se tramitan ante ese tribunal. Sustituye y deroga una norma anterior de 1982 que regulaba esta misma cuestión. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona o entidad que tenga un proceso abierto ante el Tribunal Constitucional, así como a los abogados, procuradores y demás profesionales que actúen ante él y necesiten calcular los plazos para presentar escritos o recursos. **¿Qué cambia o establece?** La norma alinea el calendario de días inhábiles del Tribunal Constitucional con el que rige para los tribunales ordinarios, incluyendo como inhábiles todos los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Hay dos excepciones importantes: en los recursos de amparo electorales, todos los días cuentan como hábiles (días naturales); y el Tribunal puede actuar en días inhábiles si hay urgencia, especialmente en medidas cautelares. Durante las vacaciones, quedará siempre una sección de tres magistrados en funciones.
💬 Contexto ciudadano
El Tribunal Constitucional español ha sido objeto de debates recurrentes sobre su organización y funcionamiento, especialmente en lo relativo a los plazos en sus procesos. Este acuerdo del Pleno actualiza el régimen de días inhábiles para los procesos constitucionales, alineándolo con el calendario de los tribunales ordinarios e incluyendo como inhábiles todos los días del 24 de diciembre al 6 de enero. La excepción más relevante es la de los recursos de amparo electorales, donde todos los días son hábiles por la urgencia del proceso electoral. Antes del acuerdo de 2023, la regulación databa de 1982 y no reflejaba la práctica actual. Comparado con el Bundesverfassungsgericht alemán o el Conseil Constitutionnel francés, la reforma es modesta en alcance. La norma mejora la previsibilidad de los plazos y la seguridad jurídica para los abogados y partes en procesos constitucionales.