Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 574/2023 es una norma del Gobierno que regula cómo solicitar y obtener una ayuda económica pública destinada a las personas que sufrieron malformaciones físicas antes de nacer porque su madre tomó talidomida durante el embarazo. Actualiza y amplía una normativa anterior de 2010 que ya reconocía estas ayudas para un período más reducido. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante la gestación en España entre 1950 y 1985, siempre que dichas malformaciones sean compatibles con los efectos de la talidomida y no puedan explicarse por otras causas como enfermedades cromosómicas o embriopatías distintas. El período cubierto es más amplio que el reconocido anteriormente (1960-1965), lo que permite que más personas puedan acceder a estas ayudas. **¿Qué cambia o establece?** La norma amplía el período reconocido de exposición a la talidomida, que pasa de 1960-1965 a 1950-1985, e incrementa las cuantías económicas respecto a las fijadas en 2010, adaptándolas al tiempo transcurrido. Establece el procedimiento concreto para solicitar la ayuda, que se concede por una sola vez, es compatible con cualquier pensión pública que el beneficiario ya perciba, y es complementaria a otras ayudas similares. La evaluación médica de cada caso corresponde al Instituto de Salud Carlos III, siguiendo un protocolo científico validado.
💬 Contexto ciudadano
La talidomida, medicamento comercializado en España principalmente en los años 1960-1965 y causante de graves malformaciones congénitas, fue objeto de una batalla judicial y política de décadas hasta el reconocimiento oficial de las víctimas en 2010. Este real decreto amplía de forma significativa el período cubierto (de 1960-1965 a 1950-1985) y eleva las cuantías económicas adaptándolas al tiempo transcurrido. Antes de esta reforma, muchas víctimas quedaban excluidas por razones de datación estricta de los periodos de uso del fármaco. Comparado con Alemania, donde Grünenthal llegó a acuerdos extrajudiciales desde los años 1960, o el Reino Unido, que estableció un fondo en 1968, España fue uno de los países más lentos en reconocer y compensar a sus víctimas. La norma supone un paso más en la reparación de una de las mayores tragedias farmacéuticas del siglo XX.