Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 6/2023, de 30 de marzo, es la norma que regula los archivos y los documentos en la Comunidad de Madrid. Establece cómo deben organizarse, gestionarse, conservarse y ponerse a disposición del público los documentos producidos o recibidos por las administraciones y entidades públicas madrileñas, así como los privados de especial relevancia. También crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid, que agrupa y coordina todos los archivos del territorio. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a todas las administraciones y organismos públicos de la Comunidad de Madrid (Gobierno regional, Asamblea, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, universidades públicas y administración de justicia), que quedan obligados a gestionar y conservar correctamente sus documentos. También afecta a los titulares de archivos privados, especialmente si reciben ayudas públicas, y a cualquier ciudadano que quiera consultar documentos públicos o privados integrados en el Sistema. **¿Qué cambia o establece?** La ley organiza los archivos en distintos niveles (de gestión, centrales, intermedios e históricos) y crea órganos de coordinación como el Consejo de Archivos y la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos. Fija reglas claras sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, establece procedimientos para la transferencia, valoración y eliminación de documentos, y obliga a las administraciones a gestionar también los documentos electrónicos con las mismas garantías que los físicos. Los archivos privados que reciban financiación pública deberán permitir el acceso libre a sus fondos.
💬 Contexto ciudadano
La gestión documental y la política de archivos han sido históricamente fragmentadas en España, con legislación dispersa entre el ámbito estatal y el autonómico. Esta ley de la Comunidad de Madrid establece un marco integral para los archivos y documentos públicos y privados de relevancia en su territorio, creando el Sistema de Archivos de Madrid con órganos coordinadores como el Consejo de Archivos y la Comisión de Acceso y Valoración. Antes de esta norma, la región carecía de una ley propia actualizada sobre archivos. Comparado con Cataluña, más avanzada en archivos digitales, o el País Vasco con su Ley 7/1990, la ley madrileña incorpora expresamente la gestión de documentos electrónicos con las mismas garantías que los físicos. La norma responde a las exigencias de la administración electrónica y refuerza el derecho de acceso ciudadano a la documentación pública.