Orden JUS/877/2023, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una orden del Ministerio de Justicia que actualiza el procedimiento por el que las empresas deben comunicar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) información sobre las sustancias y mezclas químicas que comercializan en España. La modificación responde a mejoras técnicas introducidas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en su plataforma de notificación. **¿A quién afecta?** Afecta a fabricantes, importadores y usuarios intermedios que comercializan sustancias y mezclas químicas en España y que están obligados a notificar esos productos a través del sistema europeo de la ECHA. **¿Qué cambia o establece?** La norma introduce dos cambios concretos. Primero, cuando una empresa deja de comercializar una mezcla química, ahora puede notificar ese cese directamente a través del portal de la ECHA (si usó el procedimiento armonizado europeo), en lugar de tener que comunicarlo únicamente al INTCF. Segundo, se elimina la obligación de que el INTCF emita un acuse de recibo para considerar cumplido el deber legal de notificación: a partir de ahora, basta con que la empresa descargue el "Informe de presentación" del portal de la ECHA, documento que acredita que España ha recibido la información. Esto permite a las empresas comercializar sus productos con mayor rapidez una vez completada la notificación.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, las empresas debían esperar el acuse de recibo formal del INTCF para considerar completada la notificación de sustancias químicas, ralentizando la comercialización. La modificación alinea el procedimiento español con los estándares europeos de la ECHA, eliminando ese trámite redundante y permitiendo que el «Informe de presentación» europeo sea suficiente. Aunque es una norma estatal de aplicación uniforme en todas las comunidades autónomas, refleja la tendencia comunitaria hacia la simplificación administrativa. Esta agilización beneficia al ciudadano indirectamente: reduce costes empresariales de cumplimiento que tienden a repercutir en precios de productos químicos y facilita el acceso a nuevas sustancias de forma más rápida.